Iniciativa por la Defensa de la Educación Pública en Canarias, Foro Social Canario por la Salud y la Sanidad Pública y Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales
Un año después de la constitución del actual Gobierno autonómico, nuevamente presidido por Paulino Rivero y teniendo como vicepresidente al actual Consejero de Educación, continúan los recortes para la enseñanza pública canaria.
Después de los famosos 200 millones detraídos de los presupuestos de Educación en la anterior legislatura (la mayor parte en los dos últimos cursos de tal periodo), hemos visto durante el curso 2011-2012 una sucesión de recortes en cascada para el debilitamiento de la Enseñanza Pública. Al mismo tiempo hemos comprobado cómo se ha incrementado el presupuesto para la enseñanza privada concertada, pasando del 8,5% en 2010 al 9,2% en 2012.
Esos recortes han significado una disminución de 1200 docentes durante el periodo 2009-2011. También para el último periodo no se contempló ninguna partida para la escolarización en el tramo de 0 a 3 años. El programa de Formación Profesional Específico sufrió una reducción respecto al curso anterior. La formación del profesorado decreció. El aprendizaje idiomático ha tenido un revés importante desde que desapareció la partida destinada a “auxiliares de conversación”. Asimismo, en los servicios complementarios, particularmente en el servicio de comedor se produjo una disminución de 470.000 euros (5,7%). En las actividades extraescolares se experimentó un recorte de 850.000 euros en 2012 frente a los 4 millones y medio disponibles en 2008.
Por otra parte, con Ley de Presupuestos del Estado en la que se estrenó Mariano Rajoy como jefe de Gobierno se produjo una reducción inicial de 623 millones de euros, con un 62,5 % menos para las enseñanzas universitarias, un 36,5 % menos para Infantil y Primaria y un 29 % menos para Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
Seguidamente, el 16 de abril de 2012 el ministro Wert anunció que se producía un tijeretazo de 3000 millones de euros (“medidas de racionalización del gasto público”, según ellos), correspondiendo a Canarias según el Consejero, José Miguel Pérez, un recorte de 150 millones.
A partir del paquete de medidas impuesto por el ministro Wert, que implican aumento de horario lectivo, la no cobertura de bajas por tiempo inferior a 10 días, aumento de ratios, reducción de ofertas para bachillerato, paralización de los nuevos módulos de FP, reducción de becas y aumento de las tasas universitarias…, podemos comprobar que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ya tiene un plan de ajuste para la Enseñanza Pública: probable reducción de cobertura de plazas vacantes en un número aproximado a 1500 (hoy ya se contabilizan 700 entre secundaria y otras enseñanzas, sin Infantil y Primaria); eliminación de la acogida temprana y derivación de la gestión a las AMPAs; reducción en un 80 % el presupuesto para actividades extraescolares; disminución de rutas de transporte escolar por un decremento del 20% del presupuesto global; subida de tasas para comedores escolares, llegando a suplementar carencias con el pago de hasta 120% del coste con las economías de algunas familias; drástica disminución de partidas para libros (sólo habrá libros de reposición para algunos cursos), de tal manera que el primer ciclo de Primaria no contará con financiación y muchas familias estarán sujetas a ayudas asistenciales de los ayuntamientos.
Con respecto a la Sanidad Pública Canaria debemos distinguir lo que las políticas neoliberales del Gobierno de Canarias han aportado a su deterioro, con CC siempre y en coalición con PP o PSC, y lo que ahora se desborda con las barbaridades del Gobierno de Rajoy.
Seguiremos sufriendo durante mucho tiempo las consecuencias del recorte de 90 millones en 2010 y el brutal de más de 320 millones de euros (12%) del año 2011, con diferencia el mayor de todo el Estado español, mientras se destinaba a los conciertos con la sanidad privada un 8,2 por ciento del presupuesto (más de 209 millones de euros públicos que se transfirieron al sector privado). Para el 2012 el pretendido incremento "social" del 2,7% se quedó en 66 millones de euros ya gastados en la deuda farmacéutica del 2011 y sin embargo se recortó, para pagar también la deuda, en el capítulo de personal la cantidad de 52 millones de euros que ha supuesto el cese de unos 1000 trabajadores. Y de nuevo, se presupuestó para la sanidad lucrativa privada la cantidad de más de 206 millones de euros.
El cierre, iniciado en el verano de 2011, de camas hospitalarias públicas, el cierre de quirófanos de tarde que comenzó a aplicarse en octubre de 2011 y la reducción de plantillas siguen avanzando. Ahora en este verano, de nuevo se cierran plantas y camas hospitalarias; se cierran quirófanos de jornadas de mañana porque las de tarde ya llevan meses, tanto centrales como de cirugía mayor ambulatoria, cirugía oftalmológica; se suspenden tratamientos como la bomba de cobalto, la reproducción in vitro y se suspende la hospitalización domiciliaria. Todo ello expresión de las decisiones de la Consejería de Sanidad que atentan contra el derecho a la asistencia sanitaria de la población canaria.
Así mismo, ha continuado la relegación de los hospitales comarcales públicos del Norte y el Sur de Tenerife garantizando con ello la derivación de los pacientes a los centros privados. Y trasladar las especialidades de un sitio a otro de Icod no es abrir el Hospital del Norte como desvergonzadamente están diciendo desde la Consejería y del Cabildo.
Por el oscurantismo de la Consejería no podemos acceder a datos públicos fehacientes y contrastables por todo el mundo, nuestras fuentes nos cuentan, por ejemplo, que el cierre de los cuatro quirófanos centrales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) de Tenerife, entre julio y octubre, supondrá que se retrasen unas 800 intervenciones quirúrgicas (habitualmente se realiza una media de tres intervenciones diarias en cada quirófano, al menos 22 días al mes). A esta cifra habría que sumarle las cinco intervenciones diarias que se dejarán de hacer en los tres quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), que permanecerán cerrados en agosto; así como las dos diarias que no se harán en el quirófano de la Unidad Oftalmológica (UCO), que no estará operativo hasta el mes de septiembre.
Con la reducción de personal prevista para los próximos meses todo esto va a empeorar y se traducirá sin ningún género de dudas en peor salud y aumento de la mortalidad poblacional.
Las medidas aprobadas por el Gobierno de Rajoy e impuestas por el Gobierno de Paulino Rivero y José M. Pérez suponen para la mayoría de usuarios de la sanidad pública un pago, o un incremento, del 10% en el precio de medicamentos (además de excluir algunos muy útiles) y en dietas, prótesis y transporte sanitario (que tiene una tarifa mínima de 20 euros). También están teniendo un efecto de incentivo a la contratación de seguros sanitarios, por la población que pueda permitírselo, para hacer frente a este aluvión de exclusiones y copagos.
Se modifica el artículo 3 de la Ley de Cohesión 16/2003: decía se garantizará la asistencia a TODOS LOS ESPAÑOLES Y EXTRANJEROS EN EL TERRITORIO NACIONAL bastaba con tener la ciudadanía o estar empadronado, AHORA DICE se garantizará a aquellas personas que ostenten la condición de asegurado. Especialmente grave es la puerta abierta a un aseguramiento distinto al régimen general de la Seguridad Social, lo que supondría no solo un grave retroceso en el modelo sanitario actual (vuelve a la etapa anterior a la Ley General de Sanidad de 1986) sino también la posibilidad de que se abran modelos de seguros diferenciados para grupos distintos de población (en relación a su nivel económico) lo que deterioraría inevitablemente el sistema sanitario público, se dice que aquellas personas que no tengan la condición de asegurado o beneficiario podrá obtener la asistencia mediante el pago derivado de la suscripción de un convenio especial (creando un mercado de seguros privados). Se quiere sacar a los sectores pudientes, con desgravación fiscal de los seguros privados, que implicará descapitalización pública fomentando una asistencia sanitaria para pobres que será una pobre asistencia sanitaria.
También se deja fuera a mayores de 26 años que no hayan estado afiliados a la seguridad social, tendrán que ser declarados personas sin recursos o ¿se pretende que su familia contrate un seguro privado?
Expulsan del Sistema Público a inmigrantes sin papeles y españoles sin afiliación. Los inmigrantes usan poco la sanidad pública y su marginación además de ser inhumana va a crear problemas de salud pública por falta de control de salud, así como sobrecarga en urgencias.
Hay que añadir la última barbaridad de Gallardón sobre la modificación de la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que vulnerará el derecho de las mujeres a decidir libremente sobre su cuerpo y que creará problemas sanitarios porque incitaría a la búsqueda de soluciones en otros países o los abortos clandestinos (favorecidos por los problemas económicos de la actual crisis) con los incrementos de mortalidad y morbilidad que suponen.
A todo el panorama señalado anteriormente en materia educativa y sanitaria tenemos que añadir la situación de las Políticas Sociales en Canarias. En la actualidad nos encontramos con un progresivo deterioro de las condiciones de vida de la población, especialmente de las personas que sufren la pobreza (una de cada tres), la exclusión social (la extrema pobreza es la más alta de todo el Estado español), la desigualdad, el desempleo (300.000 personas), la explotación…
La caída de los niveles de empleo supone, inevitablemente un aumento de las necesidades sociales. Aunque con retardos, existe evidencia de que la persistencia en el tiempo de tasas de desempleo elevadas incrementa los niveles de desigualdad y pobreza de la población. Según la Encuesta de Condiciones de Vida elaborada por el Instituto Nacional de Estadística:
La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social1 a la que llega la población a nivel nacional aumenta del 24% al 25,5% durante los años 2004 al 2010, llegando al 26,7%2).
En Canarias, este dato aumenta hasta el 35,5% en el año 2010, 10 puntos por encima de la media nacional. Es decir, 3 de cada 10 personas en Canarias está en riesgo de pobreza y exclusión social, aproximadamente 752.074 personas3 viven bajo el umbral de la pobreza, sufren privación material severa y/o viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja o nula, con un impacto de género importante acentuando la denominada “feminización de la pobreza”.
Y con todo esto, el Gobierno de España y Canarias aplica una brutal reducción presupuestaria dedicada a los Servicios Sociales, alcanzando a las atenciones básicas y a los colectivos más afectados por la injusticia social: infancia, mayores, personas en situación de exclusión social, con problemas de drogas,…. Según el análisis de los Presupuestos presentados para el Gobierno de Canarias para el 2012: Canarias es la segunda comunidad autónoma del Estado en la que menos se invierte en Servicios Sociales, de modo que el gobierno invierte 126 euros por habitante y año.
En Servicios Sociales el Gobierno Canario aplica un importante recorte del 14% para 2012, por lo que se deja de invertir 43 millones, lo que debemos sumar a los recortes aplicados en los años anteriores:
Del 2009 al 2010: – 39 millones.
Del 2010 al 2011: – 58 millones.
Del 2011 al 2012: -43 millones.
Por lo tanto no son presupuestos de marcado carácter social, ni la acción social es un servicio irrenunciable, como expresan las declaraciones de responsables públicos autonómicos.
Dentro del ámbito de las Políticas Sociales:
Se invierten 3,4 millones menos en la Dirección General de Protección al Menor y la Familia (cuando Canarias se encuentra entre las Comunidades Autónomas con mayor número de en riesgo de exclusión), 76 millones menos en la Dirección General de Políticas Sociales, medio millón menos para el Instituto Canario de Igualdad.
Además, descienden las partidas referidas a los siguientes programas:
Programa de Coordinación y Planificación de acción social, donde se integra el Plan Concertado, aproximadamente unos 34.000 euros menos (0,15%), el Programa de Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales desciende la aportación en aproximadamente 600.000 euros (5,17%), en Prestaciones y otras ayudas sociales en 2.800.000 euros (34%), en Prevención e intervención en el Área de Menores y Familia en 2.500.000 euros (7%), en Fomento de la inclusión, con 441.000 euros menos (2%), en Ejecución de medidas judiciales a menores, en 850.000 euros menos (3%), en Promoción y Fomento de la Calidad de Vida a Jóvenes, en 1.180.000 euros menos (39%), en la Promoción de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres, en 500.000 euros menos (6% menos), y se invierten 17 millones menos en el Instituto Canario de Vivienda.
En el estudio del gasto por funciones, en Servicios Sociales y Promoción Social se invierten 667.218 euros menos (0,24%). Dentro está:
Promoción Social casi 2 millones menos (13%) y Gestión de Servicios Sociales 203.316 euros menos de inversión (2,5%).
Con todos estos datos concluimos con que se está produciendo una VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS SOCIALES, como consecuencia de los recortes y de la escasa atención a las Políticas Sociales, dejando sin cobertura de necesidades a personas: sin vivienda, en situación de desempleo, a las que no cobran hace más de ocho meses la Prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasan la tramitación de las Prestaciones No Contributivas, las personas en situación de diversidad funcional que no son atendidas correctamente por un Sistema de Autonomía y Ayuda a la Dependencia que está a la cola a nivel nacional, etc.…
Un ejemplo de esta ruptura del Sistema Público de Servicios Sociales es la situación en la que se encuentran la mayor parte de los Ayuntamientos de las islas que están desbordados ante la situación de la Prestación Canaria de Inserción. Esta prestación denominada como la Ley 1/2007 que regula una prestación económica que va unida a toda una serie de medidas conducentes a la inclusión social, dirigida a personas con precariedad económica y en situación o riesgo de exclusión social. Segú lo expuesto en dicha normativa legal:
El tiempo máximo previsto de tramitación de dicha prestación, es de 5 meses, pero a mediados de 2010 se agotó la partida presupuestaria para la PCI y se tardó 8 meses en pagar a solicitantes una ayuda que representaba su único modo de vida, sin que se diese ninguna explicación a las personas demandantes de las mismas que ya la tenían aprobada, a pesar de haber trasladado algunas de estas personas la pertinente reclamación.
Para el 2011 fueron consignados para el pago de la prestación económica 20 millones de euros. No obstante, con el pago que supuso
el retraso de las prestaciones correspondientes al 2010 quedaron muy mermadas las posibilidades de percibir la prestación durante el 2011, con lo que podemos concluir en que existe una falta de previsión o de interés por parte del Gobierno de Canarias.
Si usamos los datos obtenidos a través del estudio “Perfil y problemática de la población en exclusión social protegida por la PCI. Análisis y Propuestas”, realizado con la Dirección General de Servicios Sociales de Canarias en mayo 2010, en 4 años de desarrollo de la ley se han atendido a 11.147 personas y 7.000 reciben la PCI. Si según la encuesta de Condiciones de Vida de 2009, en las islas había 600.000 personas bajo el umbral de la pobreza, sólo están percibiendo esta prestación el 1,16% de la población en estas circunstancias.
Según el colectivo profesional de Trabajadores Sociales sólo se cubre un 1% de la demanda, existiendo un aumento de ésta en Canarias en el contexto de crisis socioeconómica actual.
Muchos Ayuntamientos no han logrado mantener al personal dedicado a la PCI de manera continuada debido a la falta de presupuesto, encontrando casos muy graves en los que no se tramita la prestación. Se acumulan expedientes iniciados sin completar, sin seguimientos, sin renovaciones, y no se reciben nuevas solicitudes.
Falta de recursos informáticos. En la mayoría de los casos, no existe dotación de equipos informáticos suficiente.
En muchas ocasiones y debido a los argumentos expuestos, los Ayuntamientos no logran cumplir con su plazo de tres meses desde la fecha de la solicitud, para remitir a la Dirección General de Política Social (DGPS) los expedientes completos.
No se están aceptando los supuestos excepcionales que contempla la Ley, para aquellos casos especiales de extrema necesidad en los que no se cumple con todos los requisitos establecidos, vulnerándose así derechos adquiridos por ley.
El Sistema Público de Servicios Sociales es un pilar clave en el Estado del Bienestar y actualmente en una situación muy débil ya que soporta unos recortes presupuestarios que precarizan los servicios y por tanto el alcanzar los objetivos de IGUALDAD, REDISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA Y EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES de manera UNIVERSAL, es decir afirmamos que estamos ante una:
DESAPARICIÓN PROGRESIVA DE SERVICIOS SOCIALES BÁSICOS de la EDUCACIÓN PÚBLICA CANARIA y del SISTEMA PÚBLICO SANITARIO.
¡DERECHOS SOCIALES PARA TODAS LAS PERSONAS,
NI UN RECORTE MÁS!.OS DERECHOS SOCIALES, dejando sin cobertura de necesidades: a personas sin vivienda, en paro, a las que no cobran hace más de ocho meses la prestación Canaria de Inserción, a las que les retrasanla tramitación de las prestaciones no contributivas, a las personas en situación de diversidad funcional a la cola en atención de España…
Audio de la rueda de prensa
